En los últimos años, el mundo cambió más rápido de lo que muchos imaginaban. La pandemia, la guerra en Europa, la transición energética y la digitalización acelerada obligaron a las grandes potencias a revisar sus certezas. Países que durante décadas defendieron la idea de que el mercado podía resolverlo todo ahora vuelven a intervenir activamente en su economía. Estados Unidos, Europa y China están impulsando políticas industriales, otorgando subsidios, regulando tecnologías estratégicas y usando compras públicas para proteger sectores clave. Incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial tradicionalmente críticas de la intervención estatal comenzaron a publicar documentos que reconocen la importancia de la política industrial. El clima internacional cambió, y con él las oportunidades para el desarrollo. Sudamérica vuelve a poder querer ocupar un lugar distinto en la división internacional del trabajo.

Para los países sudamericanos, este giro global abre una ventana que no aparece todos los días. Historicamente, nuestro reto ha sido el de aumentar el valor agregado de lo que producimos, invertir más en ciencia y tecnología, fortalecer nuestras capacidades estatales y construir cadenas de valor propias. No se trata solo de crecer, sino de mejorar la calidad de vida de la población con empleos más calificados, servicios esenciales accesibles y un desarrollo económico que no dependa exclusivamente de los vaivenes del mercado internacional. Pero nada de esto será posible si cada país sigue actuando por separado. La historia y la consistencia teórica de nuestros pensadores ya nos han enseñado que nuestro futuro tiene que ser compartido entre todos. La falta de coordinación regional ha sido una de las principales razones por las que Sudamérica continúa atrapada en un modelo primario exportador, vendiendo recursos naturales a bajo precio y comprando tecnologías caras que podría producir de manera conjunta.

Durante los años noventa, la región apostó por el llamado “regionalismo abierto”, una estrategia que combinaba la reducción de tarifas entre países vecinos con la apertura unilateral hacia el resto del mundo. La promesa era que la liberalización comercial generaría competitividad y permitiría a Sudamérica insertarse en las cadenas globales de valor. El modelo no presuponía el aumento del comercio intrabloque. Aunque el comercio exterior creció, no se fortalecieron las cadenas productivas dentro de la región ni se generaron procesos de aprendizaje tecnológico compartido. La apertura terminó profundizando la dependencia de exportaciones primarias y debilitando la capacidad de los países sudamericanos para negociar como bloque. Hoy, apenas el 2,6% de las importaciones de la región proviene de sus propios vecinos, una cifra muy inferior a la de Europa, Asia o América del Norte. Es la región en el mundo con menor comercio intrabloque.

A comienzos del siglo XXI, un nuevo ciclo político impulsó iniciativas como UNASUR y el ALBA, que buscaban fortalecer la integración regional. Aunque estos esfuerzos generaron identidad y cooperación política, no lograron consolidar una integración productiva profunda. Faltaron políticas industriales coordinadas, articulación entre sistemas de innovación y financiamiento robusto para proyectos conjuntos. Con el avance de gobiernos de derecha a partir de 2015 y la decisión de Brasil de abandonar la prioridad regional, muchas de estas iniciativas se debilitaron o desaparecieron. El resultado fue un retroceso institucional que dejó a la región nuevamente fragmentada.

Mientras tanto, el mundo siguió moviéndose. La ascensión de China como potencia tecnológica y militar, junto con la disputa global por cadenas de valor más cortas y seguras, revalorizó la escala regional. Conceptos como reshoring, nearshoring y friendshoring se volvieron parte del vocabulario económico. Las grandes potencias ya no buscan producir en cualquier lugar del mundo, sino en países aliados, cercanos y confiables. En este contexto, los bloques regionales se transformaron en actores decisivos para la seguridad económica y la innovación tecnológica. La experiencia asiática lo demuestra: el modelo de los flying geese, que describe cómo países menos desarrollados avanzan siguiendo los pasos del líder regional, se actualizó con China como motor de una nueva ola de industrialización en Asia. La lección es clara: el desarrollo ocurre cada vez más en clave regional. Y Sudamérica fragmentada no logra responder a la altura.

Además, enfrentamos un problema estructural: la desindustrialización precoz. La región perdió peso manufacturero sin haber alcanzado altos ingresos ni una economía de servicios basada en conocimiento. Esto se traduce en empleos formales insuficientes, salarios bajos, dependencia de importaciones y vulnerabilidad frente a crisis externas. La fragmentación política agravó la situación, dejando a cada país negociando solo frente a potencias y conglomerados globales. Pero la región no está condenada. Existen capacidades tecnológicas dispersas en sectores como salud, metalmecánica, química fina, energías renovables y electrónica de potencia. Hay bancos de desarrollo con músculo financiero, como es el caso del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y centros de investigación de calidad. Lo que falta es una arquitectura política y diseño de políticas públicas que conecten estos activos en proyectos concretos utilizando la gobernanza compartida que tenemos.

La experiencia reciente de Brasil con la Nova Indústria Brasil ofrece una pista de cómo avanzar. Este programa organiza la política industrial en torno a “misiones” que vinculan la producción con el bienestar social, como salud, movilidad sostenible, bioeconomía y soberanía tecnológica. La lógica es simple: definir objetivos públicos claros, coordinar instrumentos como crédito, regulación y compras públicas, y medir resultados con transparencia. Este enfoque podría replicarse a escala regional, articulando esfuerzos entre países y creando una política industrial sudamericana basada en metas compartidas.

Para que esto sea posible, Sudamérica necesita actualizar sus instrumentos de integración. Los bancos de desarrollo deben trabajar con fondos conjuntos orientados por misiones. El comercio intrarregional debe facilitarse sin depender del dólar, modernizando mecanismos como un actualizado Convenio de Crédito Recíproco de la ALADI. La región también debe incorporar sistemas de revisión de inversiones para proteger sectores estratégicos, algo que ya hacen más de treinta países en el mundo. Las compras públicas regionales pueden convertirse en una poderosa herramienta para crear demanda y generar escala en sectores como medicamentos, energías renovables, electromovilidad y soluciones digitales. La armonización regulatoria es clave para reducir costos y acelerar inversiones, especialmente en salud, minería sostenible y movilidad eléctrica. Además, es indispensable crear plataformas regionales de investigación y formación de talento, y modernizar la infraestructura logística y los sistemas de pago para acompañar la expansión del comercio intrarregional.

Por supuesto, una agenda de integración productiva enfrenta riesgos. La volatilidad macroeconómica, la captura regulatoria, la presión de lobbies y la llamada “primarización verde” asociada a los minerales críticos pueden comprometer su viabilidad. Para evitarlo, la región necesita fortalecer la gobernanza colegiada, aumentar la transparencia, mejorar la planificación estatal y asegurar participación social informada en los procesos decisorios.

El debate central no es si Sudamérica debe integrarse o cerrarse, sino cómo integrarse para construir poder de negociación y capturar valor. Sin integración, la región seguirá exportando recursos naturales y comprando conocimiento. Con integración, puede codiseñar estándares, cogobernar cadenas de valor y cofinanciar innovación orientada al bienestar colectivo. Sudamérica tiene lo que el mundo demanda: minerales críticos, energía limpia, biodiversidad, talento y capacidades industriales. Lo que falta es un proyecto común que convierta esos activos en industria, la industria en empleo y el empleo en bienestar.

La pregunta no es si conviene integrarse. La pregunta es si Sudamérica puede permitirse no hacerlo mientras el resto del mundo reorganiza sus cadenas de valor. La decisión es política y el tiempo corre rápido.